Vistas de página en total

Mostrando entradas con la etiqueta desaparición de personas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta desaparición de personas. Mostrar todas las entradas

domingo, 12 de febrero de 2017

LA PERSISTENCIA DE LOS DEMONIOS DEL PASADO

GUERRA O TERRORISMO
 “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”
(General Della Chiesa)
                               Por éstos días, en una entrevista periodística se escuchó al jefe de la Aduana, el ex militar Juan José Gómez Centurión, refiriéndose al golpe militar de 1976, decir que “Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas”, agregando que “8000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22000 mentiras”.-
                               Inmediatamente, los dichos del aduanero levantaron una gran polvareda, como forma harto demostrativa que las heridas siguen abiertas en nuestra sociedad, que estamos lejos de cerrar espiritualmente una etapa de la historia negra de nuestro país.-
                               Dos comentarios me surgen de inicio.- El primero, que la negativa a reconocer la existencia de un plan sistemático y orgánico destinado al secuestro, tortura, desaparición y asesinato de personas por parte del gobierno militar, es una cuestión superada en el ámbito de la justicia argentina, quién lo ha declarado reiteradamente en sus fallos.-
La existencia de un plan criminal de la dictadura militar,  es una cuestión establecida por los sucesivos fallos de la justicia argentina
                               Como botón de muestra, con datos obtenidos del  sitio Chequeado.com, diremos que en la sentencia del juicio a las Juntas, de diciembre de 1984, la Cámara Federal de la Capital Federal declaró probada la existencia de un plan de lucha que incluía el secuestro, la tortura y la muerte.- Ello fue reiterativamente expuesto en sentencias posteriores por distintos tribunales del país.-
                               En 2001, el Juez Federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, sosteniendo que los hechos sufridos por las víctimas “fueron cometidos en el marco del plan sistemático de represión llevado a cabo por el gobierno de facto (1973-1976)”.- Esta sentencia, finalmente, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-