QUIEREN MATAR AL LADRÓN

                             

 LA JUSTICIA POR MANO PROPIA      

“La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas” (Juan Pablo II)

Cuando en 2003 Cacho Castaña, en su álbum “Setiembre del 88”, grababa la canción “Quieren matar al ladrón”, con sus pequeños ojos entrecerrados en pícara sugerencia y su voz, entre cascada y aguardentosa, en emulación casi calcada de su inolvidable “garganta con arena”, nadie podía imaginar que estaba colocándole el título perfecto al drama argentino de la seguridad cotidiana.-

                               Una cuestión de largo arrastre fue debate nacional hace ya más de veinticinco años, en 1990, cuando el Ingeniero Santos se convirtió, para gran parte de la ciudadanía, en el héroe “justiciero” que persiguió y mato de sendos certeros disparos a dos ladrones que, momentos antes, le habían robado el pasacasete de su Renault Fuego.- Santos terminó siendo condenado a tres años de prisión en suspenso y debió  indemnizar a las familias de los muertos.-

                               La discusión, que entonces dividió a la sociedad, hoy vuelve a reeditarse en toda su crudeza, ante la sucesión casi interminable de hechos delictivos que en muchas ocasiones terminan con la muerte de gente inocente, pero que se singulariza cuando las víctimas de la inseguridad se convierten en matadores de sus propios victimarios.- El médico que mató de un balazo al ladrón o el carnicero que lo atropelló en persecución tras ser asaltado, días pasados.-

                               La primera cuestión que surge palmaria en el debate, es que los hechos delictuosos, con sus tremendas consecuencias, se producen por una razón casi fundacional: la ausencia o la insuficiencia de la autoridad pública en un tema que es de su elemental competencia, velar por la seguridad de la gente.-

El estado ha perdido mucho terreno con la delincuencia, en el progreso de los medios humanos y tecnológicos

                               Por causas que son el objeto de un debate más especializado, hace mucho tiempo que el estado ha perdido la pelea con el delito, en orden a los medios tecnológicos y humanos para combatirlo.-

                                El progreso, la diversificación, la especialización, el financiamiento y la mutación de la delincuencia, ha rebasado diez veces el incremento y la modernización de las estructuras públicas.- Y esto no es cuestión de un gobierno o dos, es la matriz de una Argentina que no encuentra su propio camino para salir del estancamiento paralizante, que en materia de seguridad es gravísimo.-

                               La segunda cuestión que hace al aspecto institucional, es la endemia corrosiva que afecta a los cuerpos policíacos, la corrupción, tan extendida e instalada, que dificulta a las autoridades la adopción de medidas que tengan efecto inmediato sobre el asunto.- Hoy mismo, la gobernadora Vidal se encuentra amenazada en su gestión por los invisibles lazos de una fuerza provincial que, en parte importante de su estructura, vive del negocio con la delincuencia.-

                               Esa insuficiencia de la gestión pública en la prevención y represión del delito, ha volcado el problema hacia la sociedad.- Los ciudadanos, ante la evidencia de la desprotección estatal y la contundencia del accionar delictivo, se plantean todas las hipótesis defensivas, desde la fortificación de sus viviendas, pasando por la organización entre vecinos y culminando con aquello que es lo más preocupante: la autodefensa a sangre y fuego.-

No es exclusiva responsabilidad de un gobierno o dos, es la matriz de una Argentina estancada por la inexistencia de políticas públicas a largo plazo

                               Está en fuerte cuestionamiento la estructura legal y judicial para enfrentar al delito.- La gente piensa que las leyes son laxas y permisivas.- El concepto común es que “el delincuente entra por una puerta y sale por la otra” y los jueces colaboran para que esto suceda.-

                               Con todo ello, la justicia por mano propia no parece ser la solución adecuada para enfrentar la avalancha delictiva ante un estado dormido.- Cuestiones filosóficas y legales se introducen necesariamente en el debate.-

                               La propia ley penal argentina establece que no se debe castigar a quién actúa en defensa propia, siempre que exista una agresión ilegítima, que el medio para repelerla sea racional y que no exista provocación previa.-  En términos más sencillos, si yo mato al delincuente que porta un arma de fuego en actitud de atentar contra mi vida, eso es legítima defensa.-

                               Para la ley, la justificación de dar muerte al ladrón parece estar saldada.- Pero una cosa es lo que está escrito en los libros de derecho y otra aquello que sucede en la realidad de la contundente imprevisibilidad de los hechos cotidianos.- Por ello el Ing. Santos fue condenado por exceso en la legítima defensa, y por ello también están enjuiciados el médico y el carnicero.-

                               Desde un punto de vista moral y filosófico, difícilmente pueda convivirse pacíficamente en una sociedad que haga de la justicia por mano propia su “leit motiv” para la defensa de sus integrantes.- Es más, si una comunidad comienza a adentrar psicológicamente el “derecho de matar” como un modo válido para enfrentar la delincuencia, es seguro que no podrá evitarse el tránsito hacia el camino sin retorno de la disolución social.-

Una sociedad inerme, librada a su propia suerte, es el resultado de un estado casi ausente en sus responsabilidades elementales

                               Entiendo que sería incalculable el costo moral, social y económico que importaría salir del orden civilizado de la justicia tercerizada en la estructura estatal, para ingresar al sistema de la seguridad por gestión directa del ciudadano.- Además de impracticable.-

                               Pero, ¿hasta cuándo aguantarán las compuertas púbicas que contienen el hartazgo social ante la muerte irracional, ante el padre sin hijo, el hijo sin padre, la esposa sin el cónyuge, por la bala asesina de una delincuencia oportunista que mata descontroladamente?

                               Es difícil que haya un estallido en tal sentido, porque los buenos no son violentos, sólo atinan a una defensa instintiva, que en ocasiones se vale de un arma de fuego.-

                               El Ing. Santos, el  médico o el carnicero, no formaban parte de campañas para salir a matar delincuentes, como aquellas protagonizadas tristemente por los famosos “escuadrones de la muerte” brasileños,  apenas significan una humana reacción individual ante la violencia, el despojo, la desidia, el hartazgo.-

Aunque aplauda la aparición esporádica de  “los héroes justicieros”, la sociedad reclama verdadera justicia

                               Pero es momento de preguntarse, transcurridos los gobiernos kirchneristas y varios meses del macrismo, hasta cuando continuará la ineptitud o la complicidad genética de un estado que no atina a dar el golpe de timón necesario para encaminarnos hacia la solución del problema.-

                               Mientras eso sucede, o no sucede, van jalonando el camino de una Argentina que no queremos,  la ausencia presente de las víctimas mortales y el reclamo desgarrador de sus familiares por un poco de justicia.-

                               Ni moral ni legalmente, la solución es la justicia por mano propia, eso lo sabemos.- Tampoco lo es del punto de vista práctico, significaría el enfrentamiento directo entre personas de bien y malvivientes, con el consabido resultado para el lado del ladrón, del asesino, del narco.- No en vano, son muchísimos más las víctimas mortales del delito, que los delincuentes abatidos por la policía o por la reacción humana.-

La gente no ha planteado la implantación de la “justicia por mano propia”, pero es humana su reacción ante la agresión del delito

                               Tenemos en claro el límite entre la civilización y la barbarie, también la diferencia entre la reacción individual ante el ataque y un comportamiento global de justicia por mano propia.- Esto último no ocurre.-

                               Pero también está claro el límite dramático entre la muerte injusta y la pasividad estatal, entre una sociedad sedienta de seguridad y justicia y una estructura pública que no atina a dar las mínimas respuestas que el tiempo reclama.-

                               Reafirmo con Cacho Castaña que hay que matar al ladrón, pero no con un arma de fuego, sino con las medidas sociales, legales y materiales que prevengan el delito o lo repriman adecuadamente.-

                               Ello únicamente se dará cuando el estado grite un “presente” que sea escuchado en todos los rincones, que por ahora parece lejano.-

                                                           Jorge Eduardo Simonetti

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