NI REPRESIÓN NI ANOMIA

EL ESPACIO PÚBLICO NO TIENE PROPIETARIOS.- “Si no se van en cinco minutos, los vamos a sacar”, dijo días pasados la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, en oportunidad de anunciar el Protocolo de Actuación en las Manifestaciones Públicas, mientras se producían 200 cortes de calle en todo el país con motivo de la detención de Milagro Sala.- La corta y seca expresión de la funcionaria, fue aplaudida por una gran parte de la ciudadanía, que veía, por fin, que el estado se hacía cargo de una problemática que constituyó el talón de Aquiles de la gestión kirchnerista.-

                               Es que la Argentina, en todos estos años, fue el reflejo casi paradójico de un gobierno que, bajo el pretexto de no criminalizar la protesta social, abjuró de una de sus obligaciones esenciales, cual es la de garantizar que el ejercicio de los derechos de unos no se constituya en la derogación fáctica de los derechos del conjunto.-

                               Más grave aún fue que estuvimos a punto de perder la “batalla cultural” del comportamiento civilizado, porque las autoridades pudieran actuar de modo demagógico y marginal, pero una sociedad anómica (anomia, falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer lo necesario para logar las metas de sus componentes) es una sociedad perdida, sin metas, sin rumbo, sin parámetros.-

                               Nuestro país marcó un hito mundial en la metodología de protestar, al introducir la variante “piquetera” de reclamo, que consiste en afectar los derechos de terceros inocentes, el conjunto de los ciudadanos, en defensa de los derechos de una parcialidad.- De tal modo, el éxito de la protesta estaba medido por la cantidad de ciudadanos comunes afectados por la medida, más no por el impacto en el poder estatal o en las patronales involucradas.- Una protesta de cinco personas o de cinco mil daba lo mismo, el resultado era calcado: se cortaban las vías de circulación, con el conjunto social como víctima.-

                               Un estudio realizado en 2014 por el sitio Chequeado.com, determinó que en 2013 se produjeron en todo el país casi seis mil cortes, un 5% más que en 2012.-

                                En su informe anual de 2014, The Economist ubicó a la Argentina entre los países de más alto riesgo de protestas sociales.- Es que, ante la evidente incapacidad de las estructuras orgánicas del estado para canalizar la protesta social (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los organizadores  encontraron una variante más fructífera para obtener sus demandas, cual es el tomar de rehenes a las personas comunes, impidiéndoles la movilidad esencial.-

                               Al momento de escribir este artículo, el Ministerio de Seguridad se hallaba a la espera de los aportes de los distintos sectores y personas, para lograr un proyecto definitivo de Protocolo Antipiquetes, que es el que regirá a futuro.-

                               Desde algunos sectores, especialmente desde el kirchnerismo duro y desde la izquierda, se salió a criticarlo, sosteniendo que el mismo tendrá como resultado la criminalización de la protesta social, violando con ello derechos consagrados en la Constitución.-

                               Desde estas páginas fuimos particularmente duros con el “viva la pepa” que fue el espacio público en la gestión kirchnerista.- Vale reconocer que, en su última etapa,  ellos mismos intentaron atenuar el impacto de la protesta en el espacio público, a través de sendos proyectos de ley de Carlos Kunkel y de Diana Conti, pero que no tuvieron suficiente apoyo legislativo por la incapacidad genética del entonces oficialismo para superar su complejo populista.-

                               Sin embargo, el tema resulta delicado de definir constitucionalmente, ante la disputa inexorable de dos derechos de categoría superior: el derecho de protestar y el derecho de circular.-

                               Como dato esencial a considerar, debemos expresar que toda protesta de carácter general, se realiza en el espacio público, por lo que prohibirlas constituiría un agravio constitucional.-

                               No podemos olvidar que muchos derechos, en todo el mundo, fueron conseguidos a través de las marchas en espacios públicos.- No hubiera habido gobierno patrio, si en 1810 los vecinos de Buenos Aires no se agolpaban a las puertas del Cabildo; la independencia norteamericana no se hubiera concretado sin que los colonos americanos ocuparan las calles de Boston en 1773, y tiraran un cargamento de té en protesta contra Gran Bretaña; la Revolución Francesa no sería un hito en la historia, si el pueblo francés no ocupara los jardines de Versalles, contra el hambre y la monarquía despótica; no hubieran obtenido el derecho a voto las mujeres nortamericanas, si en 1917 no se congregaran diariamente frente a la Casa Blanca; los ingleses seguirían en la India si en 1930 Mahatma Gandhi no iniciara una caminata de 390 kilómetros, que generó una desobediencia civil masiva contra el colonialismo británico; tampoco la población negra hubiera tenido derecho a voto y mayor igualdad, sin la lucha comandada por Martin Luther King, que culminó con la famosa marcha sobre Washington, y su recordado discurso “I have the dream”; el “apartheid” seguiría vigente en Sudáfrica, si en 1976 los estudiantes de Soweto no salieran a la calle, aglutinados tras la figura de Nelson Mandela; o los derechos laborales de los obreros metalúrgicos brasileños, si en 1979 no hubieran copado las calles de San Pablo; y las tantas manifestaciones multitudinarias en nuestro país, que por conocidas no las recordamos.-

                               Pero una cosa son las protestas masivas que se realizan esporádicamente en el ámbito de una democracia, y otra muy distinta es utilizar la calle como un recurso diario, repetido, descontrolado, abusivo, ilimitado, de reclamos de cualquier envergadura.- Allí, entonces, que deviene necesario la aprobación de un protocolo que, con carácter reglamentario, organice la protesta de manera tal que todo el mundo sepa a qué atenerse.-

                               Como todo en esta vida, el abuso del derecho de algunos (aunque exista y sea cardinal), cuando se realiza de forma reiterada en detrimento de los derechos del conjunto, seguramente configura un caso que requiere de la intervención de los funcionarios públicos para mediar en el diferendo, y ello no se logra con la actitud omisiva de un estado que se había retirado del cumplimiento de sus  obligaciones esenciales.-

                               La izquierda no puede, sin caer en contradicciones esenciales,  sostener con el discurso la realidad de lo sucedido otrora en los países comunistas, que no sólo nunca permitieron manifestaciones, sino que las reprimieron duramente, como el caso de las protestas en la Plaza de Tiananmen de Pekín,  en 1989, que provocó una masacre de los estudiantes por parte del régimen comunista chino, por citar sólo un caso.-

                               En  lo personal, estimo bienvenido el Protocolo Antipiquetes, con el suficiente equilibrio para garantizar la protesta social en el espacio público, cuando ésta sea pacífica, masiva y por razones de interés general, pero con la utilización del poder que confiere la democracia y el sistema republicano, cuando no se cumplan esas condiciones y se tengan a los ciudadanos de a pié como rehenes de un sistema perverso que malversó el verdadero carácter de un reclamo general.-

                               Quién sostenga que se debe permitir la ocupación del espacio público sin límites ni condicionamientos,  en realidad está creando el caldo de cultivo para que pensemos que el orden mínimo de la convivencia pacífica, no puede venir de la mano de la democracia, sino de la dureza de los autoritarismos y las dictaduras.-

                                                           Jorge Eduardo Simonetti